Hablando de democracia
participativa, supongamos, sólo supongamos, que un alto porcentaje de la
ciudadanía, gente de cualquier o ninguna adscripción política, tuviera un gran
interés en actuaciones como las siguientes:
-
Investigar la financiación de los partidos políticos.
-
Investigar los sobrecostes de las obras públicas.
-
Investigar los casos de corrupción en las
instituciones.
-
Definir las prioridades en inversiones y gastos públicos.
-
Definir las prioridades entre posibles recortes y
financiación del déficit público.
-
Eliminar la posibilidad de contratar a dedo asesores
externos para las instituciones. Hacerlo siempre entre el funcionariado.
-
Aplicar responsabilidades a políticos, por sus
decisiones, sin límite de plazos.
- Aprovechar las elecciones para hacer referendos sobre
temas candentes, como la actualización de la Constitución, la Monarquía, el
Senado, el Poder Judicial, etc.
- Definir los organismos técnicos externos necesarios para
el control económico-financiero de las diferentes administraciones del Estado, partidos
políticos, sindicatos y toda organización que reciba un solo euro público.
Todas ellas respetables, desde el
punto de vista del buen funcionamiento de las instituciones públicas y de la participación ciudadana.
Me pregunto cuál sería el cauce
que debería seguirse y si, existiendo el gran consenso ciudadano que cito en el
primer párrafo, todas las instituciones, partidos, sindicatos y demás
organismos oficiales, públicos o semipúblicos, se pondrían a nuestro servicio
con gran alborozo por haber conseguido nosotros lo que nunca ellos habrían
siquiera soñado.
Pero supongamos, sólo supongamos, que esto no sólo no es así sino que, aunque mediáticamente lo llegasen a aplaudir, empiezan todos ellos a poner palos en las ruedas para que fracase la legítima iniciativa ciudadana, cerrando cualquier puerta a corto y largo plazo. Siendo los dueños, no lo olvidemos, ¿qué camino nos quedaría entonces?
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